Los recortes más severos se evidencian en áreas sociales clave, como los hospitales nacionales y el Instituto Nacional del Cáncer, donde la ejecución alcanza apenas el 55% con un impacto significativo en la atención sanitaria, lo que ha generado un impacto directo en la calidad de la atención sanitaria y en la disponibilidad de servicios básicos.

En medio de una ola de despidos masivos en el sector de la salud pública argentina, que en las últimas horas incluyó a 1.400 trabajadores, durante el Gobierno de Javier Milei diversos servicios y áreas -como la respuesta al VIH, a infecciones de trasmisión sexual, hepatitis, tuberculosis y lepra, y atención a discapacidades, entre otros- han quedado prácticamente paralizados por una subejecución del 55 por ciento del presupuesto.

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La crítica subejecución presupuestaria del actual Gobierno argentino afecta a toda la Administración, exceptuando Seguridad, Defensa y el pago de la deuda.

Los recortes afectan particularmente a la Superintendencia de Servicios de Salud (con un 69 por ciento de inejecución), la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT, -21 por ciento), la Agencia Nacional de Discapacidad (-17 por ciento) y los hospitales nacionales, como el de Salud Mental Laura Bonaparte, que enfrenta un ajuste del 25 por ciento y cuyo cierre fue anunciado por el Gobierno.

Asimismo, programas críticos como Atención Sanitaria en el Territorio (-96 por ciento), el de respuesta al VIH, Infecciones de Transmisión Sexual, Hepatitis Virales, Tuberculosis y Lepra (-47 por ciento) y Fortalecimiento del Sistema Público de Salud (-51 por ciento) están prácticamente paralizados.

Con relación a los programas de prevención, los recortes oscilan entre el 6 y el 82 por ciento en enfermedades endémicas, no transmisibles y patologías específicas, mientras que programas como el de enfermedades transmisibles e inmunoprevenibles crecieron un 10 por ciento.

Este jueves, el Hospital Bonaparte, el único centro nacional especializado en salud mental, no tenía médico de guardia como consecuencia de los despidos, lo que dejó a la institución en una situación crítica, con una capacidad de atención muy limitada.

La jefa del área de Demanda Espontánea del Hospital Bonaparte, Nadia Jausken, explicó que, con el despido de 200 trabajadores, el hospital se encuentra “prácticamente fuera de servicio”.

“Esto claramente es un vaciamiento, porque es la mitad de la planta del hospital. Y no se puede funcionar de ninguna manera. Es una manera distinta de cerrarlo. Porque de esta manera un hospital no puede funcionar”, denunció.

Jausken relató que en el centro de salud solo había disponibles dos psicólogos para hacer contenciones verbales, pero no había médicos para atender a pacientes con cuadros graves.

Denunció la falta de conciencia del Gobierno sobre la gravedad de la situación pese a que es conocido que los trastornos de salud mental y el número de consultas han aumentado significativamente desde la pandemia de Covid-19.

Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), esa tendencia forma parte de un ajuste generalizado que ha reducido el gasto público real en un 31 por ciento respecto al mismo período de 2023.

En un contexto de ajuste generalizado, destaca también el significativo aumento interanual del gasto del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, que ha alcanzado los 45.000 millones de pesos (cerca de 432 millones de dólares) en 2024.

Por otra parte, la Secretaría de Inteligencia del Estado en un inicio proyectó un gasto de 108.000 millones de pesos hasta septiembre, pero ahora prevé cerrar el año con apenas 47.000 millones de pesos ejecutados.

Lo anterior, refleja una distribución presupuestaria dispar y cuestionada, donde los sectores sociales enfrentan recortes severos mientras que otros ámbitos, como las Fuerzas Armadas, registran un incremento notable en su asignación.

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